Cuatro gobiernos han pasado, casi veinte años, desde que se generó el desastre ecológico en el sector de Cútriz en San Carlos, Costa Rica; sin que ninguno haya debido actuar para frenar la lujuria por el oro en ese lugar. Vámonos a los antecedentes: Después de la firma de convenios de libre comercio entre los gobiernos de Costa Rica y Canadá, a finales de los noventas, la brecha quedó abierta para que empresas de ese país pudieran explotar minerales en suelo Costarricense. Es así como durante el segundo gobierno del Doctor Oscar Arias Sánchez (2006-2010), se le concedió a la empresa canadiense Industrias Gold Infinito S.A, poder llevar la actividad de explotación de oro en la mina conocida como Crucitas, ubicada en Cútriz de San Carlos. La puesta en marcha de dicha mina generaría unos 3000 empleos directos y 4000 más indirectos. Además de lo que esto implicaría para el comercio local.
Pese a lo atractivo que esto pudiera representar desde el punto de vista ingresos para el país, surgieron grupos ambientalistas como la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre, quienes presentaron un estudio ante el Congreso con el que pretendían demostrar el fuerte impacto ambiental que provocaría la extracción de oro en Crucitas. La Asamblea Legislativa debatía sobre el tema desde finales de los noventas (Bajo Expediente NO 24717) y para 2010 se aprobó finalmente la Ley NO 8904 con la que se traerían abajo la concesión para Industrias Infinito S.A.
Con la cancelación de dicha concesión, dio inicio la peor tragedia ecológica y de vandalismo en la zona en cuestión. Los vecinos aseguran que desde entonces no viven una vida normal, existe inseguridad en las comunidades adyacentes ante el cada vez masivo tránsito de personas. Denuncian asaltos constantes en los negocios y aumento de la criminalidad. Según las autoridades costarricenses en los primeros meses del problema, se trató de desenas de personas buscando oro de forma artesanal. Con el paso de los años la avalancha de coligalleros ha aumentado a tal extremo que en informe reciente del actual Ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, existen alrededor de 3000 hectáreas de terreno en explotación ilegal y son miles los coligalleros, en su mayoría nicaragüenses explotando la mina. Zamora informó que los coligalleros han adquirido una nueva modalidad de explotación, llenan sacos de tierra y las trasladan a Nicaragua donde una empresa con alta tecnología logra limpiar el preciado mineral.
Recientemente el presidente Rodrigo Chaves Robles anunció que este caso lo presentarían en la cumbre denominada Escudo de las Américas, donde el anfitrión es Donald Trump y asistirán también, Nayib Bukele presidente de El Salvador y Javier Milei presidente de la Argentina. Unos 13 mandatarios en total. En esta cumbre se prevé establecer alianzas estratégicas para combatir el narco tráfico y crimen organizado en la región. Además, se busca afianzar vínculos de cooperación entre gobiernos conservadores. A la cumbre fue citada también la presidenta electa de Costa Rica, Laura Virginia Fernández Delgado. Esta reunión tendrá lugar en Florida EEUU el día 11 de marzo 2026.
Por otra parte el actual ejecutivo presentó un proyecto de ley ante el Congreso con el fin de otorgar mejores herramientas a las autoridades para actuar en Crucitas, ya que, según el propio ministro de Seguridad Pública Mario Zamora, a las personas que se aprenden cometiendo el delito de saqueo (robo) de oro, en menos de 24 horas son puestos en libertad por considerárselas, un delito menor.
