La «verborrea» de los presidentes Laura Fernández de Costa Rica y Raúl Mulino de Panamá no hacen más que evidenciar un descontento que existe entre ambos gobiernos respecto a su relación comercial. No es nuevo, desde el gobierno de Luis Guillermo Solis Panamá ha manifestado su inquietud sobre algunos tratos que reciben los comerciantes panameños en suelo tico. Como represalia desde el 2019, el gobierno canalero ha restringido el ingreso a ese país de algunos productos costarricenses, tales, algunos productos lácteos, agrícolas y carnes, especialmente de pollo y cerdo. Esta semana el presidente Mulino dijo a los medios de comunicación que Panamá (Gobierno), ya no vendería más electricidad a Costa Rica, argumentando que la presidenta Laura Fernández se ha dirigido a su gobierno de forma irrespetuosa. Aludiendo a las palabras que días antes emitió la mandataria costarricense en que prioriza la legalidad y los acuerdos internacionales de tipo comercial y fitosanitarios. Fernández trasladó el problema a la cancillería para que el asunto se resuelva por la vía diplomática y no meramente comercial como hasta ahora había sido manejado por el Ministerio de Comercio Exterior. Ante las declaraciones del gobernante panameño, las autoridades del Instituto Costarricense de Electricidad salieron al paso, indicando que no existen convenios con ese país en materia de compra de suministro eléctrico y que más bien Costa Rica cuenta con suficiente energía para cubrir la demanda nacional.
¡Desacuerdos diplomáticos afectan las relaciones comerciales entre Costa Rica y Panamá!
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